Agentes federales tocan puertas en EE. UU. y preguntan por tu estatus migratorio y tu voto
Agentes armados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han visitado viviendas en varios estados de Estados Unidos para preguntar a sus residentes por su estatus migratorio y si se registraron para votar o participaron en elecciones anteriores. La operación ocurre antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y ya enfrenta cuestionamientos judiciales por el riesgo de intimidar a ciudadanos que tienen derecho a votar.
¿En qué estados están tocando puertas los agentes federales?
Una investigación de CBS News reveló que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división de ICE, han acudido a domicilios para investigar posibles casos de personas que no son ciudadanas estadounidenses y que presuntamente se registraron para votar o emitieron su voto.
Documentos internos revisados por CBS describen una iniciativa denominada Criminal Voter Fraud, que contempla investigaciones en al menos seis estados: California, Georgia, Misuri, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Las visitas aumentaron desde septiembre y continuaron durante octubre.
La operación forma parte de la estrategia del Gobierno de Donald Trump para combatir el voto de personas que no tienen ciudadanía estadounidense. Sin embargo, el despliegue de agentes armados frente a viviendas particulares ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras del derecho al voto.
Una jueza cuestiona las investigaciones de DHS en nueve estados
La controversia dio un giro judicial. La jueza federal Araceli Martínez-Olguín ordenó restringir determinadas investigaciones electorales de DHS en nueve estados: los seis mencionados, además de Connecticut, Nevada y Nueva York.
Según CNN, la jueza cuestionó el uso de bases de datos que pueden incluir por error a ciudadanos estadounidenses entre las personas investigadas.
La orden busca frenar entrevistas e intervenciones sobre posibles irregularidades electorales cuando las autoridades saben, sospechan o razonablemente deberían sospechar que la persona investigada es ciudadana estadounidense. La medida estaba prevista para entrar en vigor el viernes 23 de octubre, aunque el Gobierno tenía la posibilidad de apelar antes de esa fecha.
El caso pone sobre la mesa una pregunta delicada: ¿cómo se combate el fraude electoral sin someter a ciudadanos elegibles a investigaciones basadas en información equivocada?
¿Cuántos casos de voto ilegal ha identificado el Gobierno?
El DHS ha afirmado que podría haber hasta 250 mil personas registradas ilegalmente para votar. Sin embargo, expertos electorales han cuestionado la precisión de esa cifra, según la investigación de CBS News.
La misma investigación señaló que, desde el inicio de la Administración Trump, el Departamento de Justicia había presentado cargos relacionados con fraude electoral contra 156 personas. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 227 millones de votantes registrados.
Las cifras no demuestran por sí solas cuántos casos de voto ilegal se han producido, pero sí muestran por qué resulta importante distinguir entre una sospecha y una infracción comprobada.
El 19 de octubre, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 28 residentes permanentes legales en California por presuntas irregularidades relacionadas con el registro o el voto. Tener una Green Card permite residir legalmente en Estados Unidos, pero no autoriza a votar en elecciones federales. Los cargos son acusaciones y deben resolverse mediante el proceso judicial.
¿Qué significa para los inmigrantes y los ciudadanos naturalizados?
Las visitas pueden generar preocupación entre familias latinas, especialmente cuando un agente uniformado llega a la puerta y pregunta por la situación migratoria o los antecedentes electorales.
Los ciudadanos naturalizados tienen derecho a votar si cumplen los requisitos correspondientes. No deberían dejar de participar en las elecciones por temor a aparecer en una lista equivocada. Al mismo tiempo, los residentes permanentes y otros extranjeros que no tienen ciudadanía deben saber que, por regla general, no pueden votar en elecciones federales.
El DHS sostiene que busca investigar el fraude electoral y proteger la integridad de las elecciones. Sus críticos advierten que el uso de listas con posibles errores puede provocar miedo y desalentar la participación legítima.
Para las comunidades inmigrantes, el problema va más allá de una visita inesperada: también está en juego la confianza en las instituciones y en el derecho de cada ciudadano a ejercer su voto sin intimidación.
Con las elecciones del 3 de noviembre cada vez más cerca, la pregunta no es solamente cuántas irregularidades puede encontrar el Gobierno. También importa cómo garantiza que una investigación no convierta a ciudadanos inocentes en sospechosos por un error en sus registros.
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