Casos de deportación cerrados por años en EE.UU. podrían reabrirse
Corte Suprema mantiene fin de cierres administrativos; casos podrían reabrirse
La Corte Suprema de EE. UU. se negó a frenar un acuerdo entre Texas y el gobierno de Donald Trump que les quitó a los jueces de inmigración el poder de poner en pausa los casos de deportación. Los jueces usaban esa pausa, conocida como cierre administrativo, para que muchos inmigrantes pudieran esperar durante años la respuesta a otros trámites, como una visa. La orden de la Corte fue de una sola línea y no explicó sus razones, según el expediente del caso en la Corte Suprema.
Con esa decisión, los casos que llevaban años en pausa pueden volver a activarse en las cortes de inmigración. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) empezó a pedir a los jueces que reactiven expedientes cerrados, de acuerdo con una alerta del Immigrant Legal Resource Center (ILRC), una organización nacional que asesora a abogados de inmigración.
Sin embargo, la reapertura no ocurre de forma automática, y el propio gobierno federal sostuvo en su respuesta ante la Corte Suprema que el acuerdo no obliga a reactivar esos casos. Esa contradicción entre lo que se dijo en el tribunal y lo que pasa en las cortes deja en la incertidumbre a muchas personas, sobre todo a quienes esperaban una visa o un permiso de USCIS mientras su caso estaba detenido.
¿Qué es el cierre administrativo y por qué lo usaban los jueces?
El cierre administrativo es una suspensión temporal del caso. El expediente sale de la lista activa del juez, pero eso no significa que la persona haya ganado su caso ni que vaya a ser deportada. Según la solicitud que presentaron varias ciudades ante la Corte Suprema, los jueces de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración usaron esta herramienta de forma habitual durante al menos tres décadas.
En la práctica, los jueces la usaban para pausar la deportación mientras USCIS resolvía otro trámite, por ejemplo una visa U para víctimas de delitos o el estatus de menor inmigrante especial. También les servía para descargar unas cortes saturadas, al punto de que la propia Junta la describió en 2012 como una herramienta procesal creada para la conveniencia de los tribunales. Además, de acuerdo con las ciudades, muchos de sus residentes con estos casos trabajan de forma legal mientras esperan respuesta a sus solicitudes.
Aun así, la figura no tuvo una vida estable, porque cada gobierno la interpretó a su manera y en menos de una década pasó de estar prohibida a estar respaldada por una regla federal, y luego otra vez a desaparecer.
Cronología del cierre administrativo
- En 2018, el entonces fiscal general decidió que los jueces no tenían esa facultad y advirtió que el cierre era “efectivamente permanente en la mayoría de los casos”, pues desde 1980 los jueces habían reactivado menos de un tercio de los expedientes cerrados
- El 29 de mayo de 2024, el gobierno de Joe Biden publicó una regla que devolvió a los jueces la facultad de cerrar casos
- En abril de 2025, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) anunció que no defendería esa regla en tribunales, aunque pidió a los jueces seguir aplicándola mientras no tuvieran una base legal para dejar de hacerlo
- El 22 de junio de 2026, un juez federal anuló la regla tras la demanda de Texas
La Corte Suprema dejó en pie el acuerdo que impulsó Texas
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al Departamento de Justicia el 22 de junio de 2026 ante una corte federal en Wichita Falls. En su demanda argumentó que la regla de 2024 otorgaba de hecho una “amnistía indefinida” a inmigrantes sin estatus legal, según reportó el Texas Tribune. En el caso también participó America First Legal, el grupo fundado por Stephen Miller, asesor del presidente Trump.
Ese mismo día, el Departamento de Justicia se puso del lado de Texas y el juez Reed O’Connor firmó una sentencia acordada entre ambas partes. Esa sentencia anuló la regla de 2024, prohibió aplicarla y declaró que ninguna ley autoriza a los jueces de inmigración a cerrar casos de forma indefinida, una conclusión que el gobierno federal respaldó después ante la Corte Suprema.
Aaron Reichlin-Melnick, investigador del American Immigration Council, criticó la rapidez del acuerdo y lo calificó como una “colusión deliberada con un juez federal para borrar regulaciones rápidamente”. Por su parte, las ciudades de Baltimore, Columbus y New Haven, junto con la organización Centro Legal de la Raza, intentaron entrar al caso para frenarlo, pero el juez les negó la entrada el 21 de agosto y el Quinto Circuito rechazó suspender su decisión el 29 de septiembre.
Tras esos dos rechazos, las ciudades acudieron a la Corte Suprema el 9 de octubre, y el máximo tribunal negó su petición el 27 de octubre, sin votos en contra registrados y sin pronunciarse sobre si el acuerdo entre Texas y el gobierno fue legal. Por eso, la sentencia sigue vigente mientras avanza la apelación de las ciudades en el Quinto Circuito.
¿Qué pasa con los casos que llevaban años cerrados?
El gobierno federal aseguró ante la Corte que la sentencia aplica hacia adelante, es decir, que impide cerrar casos nuevos pero no exige reactivar los que ya estaban cerrados. No obstante, el juez O’Connor escribió que esos casos “pueden ser reactivados”, y según abogados de inmigración el DHS está pidiendo reabrir expedientes cerrados, tanto los que se cerraron con la regla de 2024 como los que se cerraron antes.
Además, esos abogados reportaron que algunos jueces ya citan la sentencia para negar nuevos cierres y también para negar la terminación de casos. Mientras tanto, la EOIR no había publicado una guía oficial sobre cómo manejar los expedientes cerrados, y el Departamento de Justicia anunció que prepara una nueva regla provisional sobre el tema, que todavía no se publica.
Las cifras disponibles dan una idea del alcance del cambio, porque según datos citados por el gobierno los casos cerrados pasaron de casi 172 mil en enero de 2013 a más de 268 mil en enero de 2017. Un tribunal federal de apelaciones calculó que al final del año fiscal 2017 seguían cerrados unos 355 mil 835 expedientes, y la propia demanda de Texas afirmó que un caso pasaba en promedio unos 16.5 años cerrado en las cortes de inmigración.
Los más expuestos son quienes dependían del cierre para esperar una respuesta de USCIS, como las víctimas de delitos con una visa U en trámite y los menores que solicitaron el estatus de inmigrante especial. Solo en Baltimore, la ciudad reportó al menos 600 solicitudes de visa U pendientes o aprobadas, y la reapertura de esos casos podría poner en riesgo de deportación a personas que colaboran con la policía mientras esperan su visa.
¿Qué puede hacer una persona si su caso vuelve a abrirse?
Saber en qué estado está el caso es el punto de partida, y para eso la EOIR tiene una línea gratuita, el 1-800-898-7180, disponible las 24 horas, donde basta con marcar el número de registro de extranjero, conocido como número A. Si ese número tiene ocho dígitos, se marca un cero al inicio, según la página de atención al público de la EOIR. Revisarlo con frecuencia es clave, porque hay inmigrantes con órdenes de deportación que no lo saben porque nunca les llegó un aviso.
Si el caso volvió a la lista activa, faltar a la audiencia es el error más costoso, ya que el juez puede dictar una orden de deportación en ausencia. Por eso conviene confirmar la fecha, el horario y la corte asignada, sobre todo en ciudades donde se celebran mega audiencias migratorias que están acelerando deportaciones.
Medidas a seguir
Un abogado también puede revisar qué opciones siguen disponibles, ya que la sentencia eliminó el cierre administrativo pero no otras herramientas legales que existen en las cortes de inmigración. Entre las alternativas que esos mismos abogados están evaluando destacan las siguientes.
- Responder a la solicitud del DHS para reabrir el caso, con el argumento de que la sentencia no ordena reactivar los expedientes que ya estaban cerrados
- Pedir un aplazamiento de la audiencia, aunque decisiones recientes de la Junta de Apelaciones de Inmigración han limitado esta opción
- Solicitar que el caso pase a la lista de espera de casos con trámites pendientes ante USCIS, si la persona espera una respuesta sobre una visa u otro beneficio
- Revisar si el caso califica para terminarse por otra vía legal, según la situación de cada persona
Mientras tanto, tener a la mano los recibos y cartas de USCIS ayuda a demostrar que hay un trámite en curso. Para evitar fraudes, la asesoría debe venir de un abogado con licencia o de un representante acreditado por el Departamento de Justicia, y existe una guía para encontrar un abogado de inmigración confiable antes de pagar por cualquier servicio.
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