Censo 2030: quiénes quedarían fuera del conteo y cómo comentar antes del 2 de noviembre
Censo 2030: amplían al 2 de noviembre el plazo para opinar del conteo
La Oficina del Censo de EE. UU. propuso que el Censo 2030 deje de tomar en cuenta a los inmigrantes que no son ciudadanos ni residentes permanentes al repartir los escaños del Congreso entre los estados, y abrió un periodo para que cualquier persona opine sobre el cambio. El plazo para hacerlo se amplió hasta el 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con el aviso que la Oficina del Censo publicó en el Registro Federal.
El censo es el conteo de todas las personas que viven en el país, que el gobierno realiza cada 10 años por mandato de la Constitución, y en EE. UU. no sirve solo para saber cuántos habitantes hay. De esa cifra depende cuántos de los 435 escaños de la Cámara de Representantes le tocan a cada estado, de modo que un estado con más población contada gana peso político en Washington y uno con menos lo pierde.
Quedar fuera de ese conteo tiene un sentido preciso en el texto oficial. La propuesta habla solo de ese cálculo, el del reparto de escaños, y deja sin aclarar si esas mismas personas seguirán apareciendo en las demás cifras de población que produce el censo.
Esa falta de claridad es justo una de las razones por las que el periodo de comentarios importa, pues permite a vecinos, iglesias, organizaciones y gobiernos locales decir cómo los afectaría la medida.
¿A quiénes dejaría de contar el Censo 2030?
El texto de la propuesta, publicado el 10 de septiembre, divide a las personas nacidas en otro país en dos grupos. Quienes al 1 de abril de 2030 tengan la ciudadanía estadounidense o la residencia permanente se contarían en el lugar donde viven, mientras que todos los demás extranjeros quedarían “no contados para el reparto” de escaños.
La Oficina explica que busca excluir a las personas indocumentadas y a los extranjeros cuyo estatus legal sea “menos duradero” que el de un residente permanente. El documento no nombra programas concretos, pero esa definición alcanza a quienes viven en el país sin ser ciudadanos ni tener Green Card, entre ellos:
- Personas indocumentadas
- Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS)
- Beneficiarios de DACA
- Solicitantes de asilo con casos pendientes
- Personas con visas temporales de trabajo o de estudio
Para varios de esos grupos el panorama legal ya era incierto, como ocurre con los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses con TPS o con los dreamers que esperan una ley que les abra el camino a la ciudadanía.
La propuesta suma otra capa, ya que la agencia evalúa determinar el estatus legal de cada persona con registros de otras dependencias del gobierno y pide opiniones sobre incluir una pregunta de estatus legal en el cuestionario.
El plan trae además un cambio que toca a toda la comunidad latina, con o sin papeles. El cuestionario dejaría de incluir preguntas sobre raza y etnicidad, la categoría bajo la cual el censo ha preguntado por el origen hispano.
¿Qué pierde una comunidad cuando no se cuenta a sus habitantes?
La consecuencia directa es política. Un estado con muchos habitantes excluidos tendría una población menor para efectos del reparto, y el cambio “podría modificar la distribución de escaños” en la Cámara de Representantes, según el Servicio de Investigación del Congreso, una oficina técnica que asesora a los legisladores.
El dinero es la otra parte de la historia, aunque ahí la propuesta deja preguntas abiertas. En el año fiscal 2021 se distribuyeron más de 2.8 billones de dólares mediante al menos 353 programas federales que usan datos del censo, entre ellos los de salud, nutrición, carreteras, vivienda, almuerzos escolares y cuidado infantil, de acuerdo con un informe de la propia agencia.
El texto no dice que las personas excluidas del reparto vayan a salir también de las cifras que sirven para asignar esos fondos, y se limita a señalar que la Oficina publica estadísticas distintas a las del reparto y espera seguir haciéndolo. Ese punto sin resolver pesa en comunidades donde los servicios ya están bajo presión, luego de que inmigrantes con estancia legal perdieron el acceso a Medicaid este mes.
¿Cómo enviar un comentario antes del 2 de noviembre?
El plazo original vencía el 13 de octubre y la Oficina lo extendió casi tres semanas. Hasta el día 5 de octubre, el expediente registraba 38 mil 780 comentarios recibidos, según Regulations.gov, el portal del gobierno federal donde se reúnen las opiniones del público, y la agencia describe así el envío en línea:
- Entrar a regulations.gov y escribir USBC-2026-0628 en el buscador
- Hacer clic en el ícono “Comment”
- Llenar los campos obligatorios
- Escribir el comentario o adjuntarlo como archivo
- Escribir “N/A” en los campos obligatorios si se quiere permanecer anónimo
Quien prefiera el papel puede mandar su comentario por correo a 4600 Silver Hill Road, Designation: ADDEMO/FRN, Washington, DC 20746. La agencia advierte que los comentarios enviados por otra vía o después de la fecha límite pueden no ser considerados, de modo que una carta necesita salir con varios días de anticipación.
Un comentario no tiene que ser largo ni técnico. La Oficina pidió opiniones sobre los criterios de residencia, sobre la pregunta de estatus legal y sobre la eliminación de las preguntas demográficas, y un mensaje que explique con ejemplos concretos cómo afectaría el cambio a una escuela, una clínica o un vecindario responde a esa consulta.
¿Es seguro opinar cuando no se tienen papeles?
La convocatoria no pide comprobar ciudadanía ni estatus migratorio para participar, y acepta comentarios anónimos, para lo cual basta con escribir “N/A” en los campos obligatorios del formulario. Esa es la base para que una persona sin papeles pueda opinar sin identificarse.
El cuidado está en lo que se escribe. Todos los comentarios pasan a formar parte del registro público y se publican en internet, y la agencia avisa que los datos personales que alguien incluya también quedarán a la vista de cualquiera. Nombre, dirección, teléfono, número de caso o la mención del propio estatus migratorio no hacen falta para opinar y es mejor dejarlos fuera.
Otra vía consiste en sumarse al comentario de una organización comunitaria, una iglesia o un sindicato, que firma a nombre del grupo. Ninguna fuente oficial consultada indica que comentar tenga consecuencias migratorias, pero tampoco existe una garantía escrita en ese sentido, por lo que el anonimato y la discreción con los datos propios son la protección al alcance de quien decida participar.
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