Corte Suprema 2026: los casos de inmigración que podrían afectar a millones de migrantes
La Corte Suprema de EE. UU. abrió un periodo de sesiones con tres casos que tocan de lleno a la comunidad inmigrante, pues definirá si el gobierno puede deportar personas a países que no son el suyo sin avisarles, si el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede mantener detenidos sin derecho a fianza a quienes llevan años en el país y si un estado puede exigir prueba de ciudadanía para registrarse como votante. Dos de esos asuntos tienen audiencia fijada para diciembre, de acuerdo con los expedientes de la Corte Suprema.
El alcance de esas decisiones va mucho más allá de las personas que dieron nombre a cada expediente. Un tribunal de apelaciones advirtió que aceptar la interpretación del gobierno sobre la detención sin fianza significaría encarcelar a millones de personas y separar familias, según recogió CBS News del fallo que los jueces revisarán.
Ninguno de los tres casos tendrá respuesta inmediata, y esa espera pesa porque las reglas que rigen entretanto no son iguales para todos. Las deportaciones a terceros países continúan por orden de la propia Corte, mientras que en materia de fianza los tribunales han respondido de forma distinta según la región del país.
¿Qué decidirá la Corte sobre las deportaciones a terceros países?
El primer caso, conocido como DHS v. D.V.D., gira en torno a una práctica que el gobierno de Donald Trump usa cuando no puede devolver rápido a un migrante a su país de origen y opta por enviarlo a otro. Miles de personas han sido trasladadas así a naciones con las que no tienen ningún vínculo, de acuerdo con AP.
La guía oficial que regula estos envíos, emitida el 30 de marzo de 2025, permite que una persona sea deportada sin más trámite si el país receptor prometió no perseguirla ni torturarla. Cuando esa promesa no existe, las autoridades le avisan del destino y es ella quien debe manifestar que tiene miedo o está en desacuerdo, según el escrito que el Departamento de Justicia presentó ante la Corte, donde el gobierno reporta 7 mil 257 envíos de este tipo a México desde enero de 2025.
Un juez federal de Massachusetts declaró ilegal esa política el 25 de febrero de 2026 y un tribunal de apelaciones le dio la razón en gran parte el 18 de septiembre. La Corte Suprema suspendió ese fallo once días después, con el voto en contra de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, de modo que las deportaciones a un tercer país siguen mientras se resuelve el fondo. Entre las preguntas que los jueces pidieron responder a las partes están estas:
- Si el juez de Massachusetts tenía autoridad para conocer el caso
- Si podía proteger con una sola orden a todo el grupo de migrantes afectados
- Si la guía del gobierno viola la ley migratoria, el derecho al debido proceso o las normas contra la tortura
¿Puede ICE detener sin fianza a quien lleva años en EE. UU.?
El segundo caso lleva el nombre de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un brasileño que entró sin papeles hace más de 20 años, pidió asilo en 2016, obtuvo permiso de trabajo y abrió un pequeño negocio de construcción en Massachusetts, donde vive con su esposa y sus dos hijos estadounidenses. Agentes de ICE lo arrestaron el 26 de septiembre de 2025 cuando manejaba rumbo a su trabajo y lo trasladaron a un centro de detención en Buffalo, Nueva York.
Su detención responde a una interpretación que el gobierno adoptó en julio de 2025, según la cual toda persona que entró sin autorización debe permanecer detenida mientras dura su caso de deportación, sin importar cuánto tiempo lleve en el país. Eso la deja sin audiencia de fianza, que es la cita en la que un juez decide si alguien puede esperar su proceso en libertad.
Un juez federal de Nueva York ordenó darle esa audiencia o liberarlo, y un juez de inmigración lo dejó salir bajo fianza al concluir que no representaba peligro ni riesgo de fuga. Un tribunal de apelaciones confirmó la decisión el 28 de abril de 2026, y el gobierno llevó el asunto a la Corte Suprema para que defina si ICE puede detener sin audiencia de fianza a inmigrantes que llevan años en el país.
La mayoría de las cortes de apelaciones que han visto el tema falló contra el gobierno, pero las del 5.º y el 8.º Circuito lo respaldaron. Con los tribunales divididos, la Corte Suprema aceptó el caso el 1 de octubre.
¿Por qué importa a los latinos el caso de Arizona sobre el registro de votantes?
El tercer expediente, RNC v. Mi Familia Vota, no trata de migrantes sino de ciudadanos, ya que en las elecciones federales solo ellos pueden votar. La disputa nace de dos leyes que Arizona aprobó en 2022, una que exige documentos que prueben la ciudadanía a quien se registra con el formulario estatal y otra que ordena dar de baja del padrón a quienes las autoridades identifiquen como no ciudadanos.
Un tribunal de apelaciones concluyó en febrero de 2025 que ambas medidas chocan con la ley federal de registro de votantes, y el Comité Nacional Republicano, con el apoyo del gobierno federal, pidió a la Corte Suprema revertir esa decisión. El resultado interesa de manera particular a los ciudadanos naturalizados, un grupo que ha enfrentado revisiones adicionales de su registro antes de las elecciones del 3 de noviembre.
¿Cuándo habrá respuestas?
El periodo de la Corte comienza por ley el primer lunes de octubre, las audiencias suelen terminar en abril y las sesiones se extienden por lo general hasta finales de junio o principios de julio, según las reglas de funcionamiento del tribunal. Con ese margen, los fallos de los tres casos pueden tardar meses en conocerse, y estas son las fechas que marcan el camino:
- 8 de diciembre de 2026, audiencia del caso de Arizona sobre prueba de ciudadanía
- 9 de diciembre de 2026, audiencia del caso de deportaciones a terceros países
- Inicios de 2027, fecha probable para el caso de detención sin fianza, que no tiene día asignado
- Finales de junio o principios de julio de 2027, periodo en que la Corte suele cerrar sus sesiones
¿Qué políticas se siguen vigentes y que pueden hacer las familias?
Durante ese tiempo la política de terceros países sigue aplicándose, por lo que quien tenga una orden final de deportación y tema ser enviado a un lugar distinto al suyo gana tiempo si habla cuanto antes con un abogado de inmigración sobre ese miedo. Dejarlo por escrito y compartirlo con la familia evita depender de un aviso de último momento.
En cuanto a la fianza, el lugar de la detención puede marcar la diferencia, pues los dos tribunales que apoyaron al gobierno cubren Texas, Luisiana y Misisipi, en un caso, y Arkansas, Iowa, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur, en el otro. Las familias con un integrante detenido pueden pedir a su abogado que revise qué criterio aplica en ese estado, mientras que los ciudadanos naturalizados en Arizona hacen bien en tener a la mano el documento que acredita su ciudadanía.
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