La jueza que anuló el veto de visas a 75 países se niega a pausar su decisión: qué pasa con los trámites
Jueza no pausa fallo contra veto de visas a 75 países: revisarán casos
La jueza federal Jeannette A. Vargas negó la petición del gobierno de Donald Trump de suspender su fallo contra el veto de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países mientras el caso se resuelve en apelación.
Con esa decisión, la sentencia que anuló el veto sigue vigente y obliga a revisar los casos rechazados, según la resolución de la jueza, fechada el 25 de septiembre en el Distrito Sur de Nueva York.
El veto nació como la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, aplicada desde el 21 de enero de 2026 con el argumento de que esas personas podrían depender de ayudas públicas. Por esa medida, los consulados negaron la visa a solicitantes de países como Guatemala, Jamaica y Ghana que buscaban reunirse con su familia o trabajar en EE. UU.
El propio gobierno reconoció en un informe entregado al tribunal el 8 de septiembre que más de 43 mil solicitudes de visa quedaron sujetas a la orden de revisión, todas rechazadas únicamente por el veto. El proceso no tiene fecha de cierre, y el gobierno no ha precisado si quienes fueron rechazados tendrán que pagar otra vez o repetir la entrevista.
¿Por qué la jueza se negó a pausar su fallo?
El gobierno pidió el 14 de septiembre congelar la sentencia completa o, como segunda opción, solo la parte que anula los rechazos de visa. Como mínimo, solicitó que esa anulación no alcanzara a los solicitantes que no forman parte de la demanda, de acuerdo con la petición del Departamento de Justicia.
En su respuesta, la jueza recordó que el tribunal ya había considerado “en gran medida insustanciales” los argumentos de fondo del gobierno.
Uno de los puntos centrales del gobierno era que, sin una pausa, algunos casos podrían aprobarse antes de que los cónsules terminaran un nuevo entrenamiento sobre el criterio de carga pública, que evalúa si un inmigrante podría depender de ayudas del gobierno.
Vargas calificó esa preocupación de “pura especulación” y recordó que el fallo solo alcanza a personas a quienes un cónsul ya había descartado como posible carga pública.
La jueza también comparó el daño para cada parte. Sobre el gobierno escribió que “restaurar el estado previo no es un daño irreparable”. En cambio, para las familias separadas una pausa tendría un costo grave.
Uno de los casos citados es el de un ciudadano estadounidense cuya esposa y cuya hija de 2 años están atrapadas en Guatemala desde enero de 2026. Su hija menor, que tiene síndrome de Turner, ha faltado desde entonces a citas obligatorias con su cardiólogo y otros especialistas.
Vargas añadió que, en general, “no existe un interés público en que se mantenga una acción ilegal” de una agencia de gobierno. Por eso concluyó que el balance de daños y el interés público pesan fuertemente en contra de una pausa.
¿Qué pasa con las más de 43 mil solicitudes rechazadas por el veto?
La sentencia del 21 de agosto consideró ilegal el veto por discriminar a los solicitantes según su nacionalidad. El fallo documenta que los consulados emitían esas negativas bajo la sección 221(g) de la ley de inmigración. Tres días después, el fallo formal del tribunal anuló todos los rechazos basados solo en esa política y ordenó volver a estudiar cada caso.
El veto dejó de aplicarse a partir del 21 de agosto, según confirmó el Departamento de Estado. En su informe al tribunal, el gobierno explicó que los casos se revisarán de forma escalonada, sin una fecha límite para terminar. El avance de cada uno dependerá de si necesita documentos nuevos o una entrevista adicional.
Cuando un cónsul retome un caso, avisará al solicitante si hacen falta documentos y le enviará instrucciones por escrito para entregarlos. Algunas personas tendrán que hacerse un nuevo examen médico o presentar un certificado de antecedentes policiales actualizado. Quienes deban volver a entrevista recibirán una notificación directa para agendarla.
Cada expediente pasará además por una nueva revisión de carga pública, con reglas de supervisión más estrictas. Esas reglas entraron en vigor el 1 de septiembre para todas las visas de inmigrante del mundo, no solo para los casos del veto.
¿Hay que volver a pagar o solicitar tras un rechazo 221(g)?
Un rechazo 221(g) significa que el cónsul no contaba con toda la información necesaria para aprobar la visa, según la guía oficial sobre visas negadas. La misma guía da un año, contado desde la fecha del rechazo, para entregar la información pendiente sin pagar de nuevo.
Si ese plazo se vence sin que la persona entregue lo que le pidieron, debe presentar una solicitud nueva y cubrir otra vez la cuota. Ninguno de los documentos oficiales del caso establece un cobro distinto para quienes fueron rechazados por el veto, por lo que responder rápido al consulado resulta clave.
El caso de quienes perdieron su cita es distinto. Después del fallo, el gobierno reprogramó citas de visa de inmigrante durante septiembre en todo el mundo, no solo en los 75 países, y ante el tribunal dijo que lo hizo para terminar de identificar los casos afectados. Esa pausa global de entrevistas para visas de inmigrante dejó sin entrevista también a solicitantes que nada tenían que ver con el veto.
¿En qué beneficia el fallo y qué pueden hacer los solicitantes?
El principal beneficio es que los rechazos por nacionalidad quedan anulados y cada caso vuelve a estudiarse de forma individual. Eso no garantiza la visa, porque el cónsul puede pedir documentos nuevos o encontrar otra causa de rechazo, pero devuelve a miles de familias a la fila de la que el veto las sacó.
Mientras llega una respuesta del consulado, hay algunos pasos que ayudan a no perder tiempo ni dinero en el trámite.
- Revisar con frecuencia el correo electrónico y los mensajes del consulado, que es el canal por el que llegan las instrucciones si el cónsul pide documentos o una nueva entrevista.
- Tener listos los documentos que podrían pedir de nuevo, como el examen médico y el certificado de antecedentes policiales, sobre todo si los originales están por vencer.
- Entregar cualquier documento solicitado antes de que se cumpla un año del rechazo, para evitar una solicitud y una cuota nuevas.
- Esperar la notificación oficial para agendar una nueva entrevista, sin pagar a intermediarios que ofrezcan adelantar citas.
- Buscar orientación con un abogado de inmigración o una organización reconocida si el rechazo tuvo otras causas además del veto.
Los solicitantes que no demandaron también están incluidos en la revisión, porque la anulación abarca todos los rechazos basados solo en el veto. Esa es una de las partes que el gobierno busca limitar en la apelación.
¿Qué pasaría si el Segundo Circuito interviene?
El gobierno presentó su aviso de apelación el 10 de septiembre, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), uno de los grupos que representan a los demandantes. Tras la negativa de Vargas, el siguiente paso para intentar frenar la sentencia es pedir la pausa al Segundo Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva York.
Mientras ese tribunal no ordene otra cosa, el fallo sigue vigente y los consulados deben continuar con la revisión. Si el Segundo Circuito concediera la pausa, podrían quedar congelados los mismos puntos que pidió el gobierno, es decir, la anulación de los rechazos y su alcance para quienes no demandaron.
La jueza advirtió en su resolución que una pausa así sometería a los solicitantes a “un retraso adicional e indefinido” mientras dura la apelación. Si el tribunal de apelaciones rechaza la petición, el proceso seguiría como hasta ahora, a la espera de que el caso se decida de fondo.
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