Niños imigrantes: por qué senadores demócratas rechazan que abogados del gobierno los defiendan en corte
Senadores piden a RFK Jr. cancelar plan de abogados del HHS para niños migrantes
Seis senadores demócratas exigieron al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., que cancele un plan para que abogados de su propia dependencia representen en la corte a niños migrantes que llegaron solos a EE. UU. y enfrentan un proceso de deportación. Los legisladores advirtieron en una carta que la agencia no puede ser, al mismo tiempo, custodia de esos menores y su defensora ante un juez, según el comunicado de la senadora Tammy Duckworth.
La propuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) surgió después de que el gobierno dejara vencer el contrato que daba abogados independientes a más de 20 mil niños no acompañados a través de una red de organizaciones sin fines de lucro. Con ese plan, el menor tendría frente a sí a un juez y a un fiscal del gobierno federal, y a su lado a un abogado que también trabaja para ese mismo gobierno.
Los senadores dieron al HHS un plazo para responder por escrito y plantearon dos exigencias concretas. De la respuesta depende quién defenderá a miles de menores que enfrentan solos una audiencia migratoria, en un momento en que, según organizaciones de defensa, varios de ellos han llegado a sus audiencias sin ningún representante legal.
¿Qué plan anunció el HHS y por qué los senadores ven un conflicto de interés?
El HHS publicó el 29 de septiembre de 2026 un aviso en el Registro Federal, firmado por Kennedy, con el que creó una nueva división de abogados del gobierno para niños no acompañados dentro de su Oficina del Consejero General. Los abogados de esa división darán orientación legal y podrán representar a los menores durante todo su caso en la corte de inmigración. El aviso precisa que la unidad no asesorará a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada de la custodia de los niños, en los casos de sus clientes.
En declaraciones a la agencia AP, el HHS describió la división como “un mecanismo adicional” de apoyo legal enfocado en “reunificar de forma segura a estos niños con sus familias”. La dependencia no aclaró cuándo empezará a operar ni si seguirá contratando a organizaciones externas.
¿Qué puntos establecieron los senadores?
Los senadores Tammy Duckworth y Dick Durbin, de Illinois, Ron Wyden, de Oregón, Adam Schiff, de California, y Ed Markey y Elizabeth Warren, de Massachusetts, sostienen que esa separación no basta. En su carta enumeran varios motivos por los que, a su juicio, el HHS no puede actuar como custodio y abogado al mismo tiempo.
- La dependencia decide dónde viven los niños y comparte información sobre ellos y sus familias con las autoridades migratorias
- Los abogados de la nueva división serían empleados del HHS, supervisados por un consejero general que responde al secretario
- Las reglas de ética profesional prohíben que un empleador dirija el criterio de un abogado sobre su cliente
- Un menor podría callar abusos o casos de trata ante un abogado de la misma agencia que envía avisos a las autoridades migratorias
- El aviso no fija reglas sobre confidencialidad ni sobre cómo detectar conflictos de interés
El temor de los legisladores tiene un antecedente concreto. Una investigación de Reuters reveló en julio que más de 12 mil personas fueron arrestadas por las autoridades migratorias tras avisos de la ORR durante el segundo mandato de Donald Trump, a partir de información que incluía datos de niños, sus patrocinadores y otras personas de sus hogares. “Los niños no acompañados merecen abogados cuya única lealtad sea hacia ellos”, resumieron los senadores.
El contrato que daba abogados independientes a los niños llegó a su fin
Durante años, el gobierno federal financió una red de organizaciones legales para que los menores no acompañados no enfrentaran solos la corte. Ese contrato, que cubría a cerca de 100 grupos en todo el país, venció el 31 de julio de 2026, y el gobierno decidió no renovarlo. Los proveedores aseguraron a AP que llevaban más de 6 meses sin recibir pagos, después de que se negaran a entregar información confidencial de sus clientes.
De acuerdo con la carta de los senadores, una corte federal ordenó en agosto al HHS pagar más de 65 millones de dólares en facturas atrasadas a esas organizaciones. Tras el vencimiento del contrato, la dependencia buscó reemplazos. El primero fue un pequeño despacho de Texas, que se retiró de un contrato de 150 millones de dólares. El segundo fue Our Rescue, una organización contra la trata de personas que recibió un contrato sin licitación y que, según los legisladores, fue suspendido.
Mientras tanto, el Comité de EE. UU. para Refugiados e Inmigrantes opera como proveedor temporal. La carta señala que sus representantes se han quedado callados en algunas audiencias y han faltado a otras. Ante ese vacío, algunos estados actuaron por su cuenta, como Nueva York, que destinó 7.25 millones de dólares para la defensa legal de menores inmigrantes que enfrentan deportaciones solos.
¿Qué exigen los senadores antes del 30 de octubre?
La primera exigencia es que Kennedy anule la creación de la división y confirme por escrito, a más tardar el 30 de octubre de 2026, que ningún abogado del HHS representará a un niño no acompañado en la corte de inmigración. “Exigimos que rescinda esta política dañina antes de que un solo abogado del HHS se pare junto a un niño en una corte de inmigración”, escribieron los legisladores.
La segunda pide restituir a los abogados independientes. Para ello, el HHS tendría que recurrir a abogados voluntarios, como ordena la ley contra la trata de personas de 2008, y financiar organizaciones legales elegidas por concurso. Hasta el momento, el HHS no ha respondido públicamente a la carta.
¿Dónde pueden buscar ayuda legal gratuita las familias de menores con casos en corte?
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la agencia que administra las cortes migratorias, publica una lista de proveedores de servicios legales gratuitos. Reúne a organizaciones y abogados que se comprometen a donar al menos 50 horas al año en cada corte. La lista se actualiza cada tres meses y está organizada según la corte de inmigración donde cada proveedor trabaja, aunque la EOIR aclara que no respalda a ninguno.
Las familias también pueden consultar la fecha, la hora y el lugar de la próxima audiencia de un menor en la línea automatizada de la EOIR, al 1-800-898-7180, con menú en inglés y español. Según el manual de políticas de la EOIR, ese servicio también informa las decisiones de los jueces. Si el niño está bajo custodia y la familia no sabe dónde se encuentra, existen vías oficiales para buscar información sobre un menor bajo arresto migratorio.
¿Qué medidas seguir?
Organizaciones de defensa como Kids in Need of Defense (KIND) advierten que los abogados del gobierno podrían orientar a los menores hacia la salida voluntaria del país. Por eso, antes de aceptar cualquier acuerdo, conviene que la familia consulte a un abogado independiente. Algunas medidas prácticas ayudan a proteger el caso.
- Asistir a todas las audiencias, porque faltar a una puede terminar en una orden de deportación.
- Guardar el aviso de comparecencia y anotar el número de extranjero (número A) del menor.
- Preguntar a cualquier abogado para qué organización trabaja y quién paga sus servicios.
- Revisar la lista de la EOIR con frecuencia, ya que los proveedores cambian cada trimestre.
- Acudir a programas estatales o locales de defensa legal si existen en el estado donde vive el menor.
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