ASF detecta más de 9 mil mdp por aclarar en ejercicio 2025; investiga irregularidades en INE y OPLEs

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en el ejercicio del gasto público correspondiente a la Cuenta Pública 2025. El mayor monto se concentra en los municipios, donde 5 mil 200 millones de pesos no tienen acreditado su destino, de acuerdo con el Segundo Informe Individual entregado en la Cámara de Diputados.

Durante la presentación, el auditor superior, Aureliano Hernández, también informó que la dependencia inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Las indagatorias abarcan operaciones de dos grupos empresariales entre 2014 y 2026, por un monto de 8 mil 870 millones de pesos.

Municipios concentran 5 mil 200 mdp pendientes de aclarar

En el panorama general de la Cuenta Pública 2025, la ASF reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración en los tres órdenes de gobierno.

El mayor monto corresponde a los municipios. Al revisar la totalidad de los recursos de 42 ayuntamientos, la Auditoría identificó 5 mil 200 millones de pesos cuyo destino no ha sido acreditado.

Otros montos señalados en el informe corresponden a 2 mil 327 millones de pesos del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, así como mil 200 millones de pesos en entidades federativas, principalmente en los sectores de salud y educación.

Ante estas observaciones, el auditor superior destacó que la institución ha reforzado sus acciones legales para llevar ante las autoridades correspondientes los casos en los que se detectan posibles irregularidades.

ASF presenta 40 denuncias ante Fiscalía Anticorrupción

Aureliano Hernández informó que, durante los primeros seis meses de su gestión, la ASF presentó 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

También señaló que las 21 denuncias reportadas en el informe anterior ya fueron judicializadas, lo que calificó como un hecho histórico para la institución.

“A tan sólo seis meses del inicio de esta gestión hemos presentado 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción”, indicó.

Sobre las denuncias presentadas anteriormente, agregó que “de las 21 denuncias informadas en el informe pasado que rendimos a esta soberanía, todas han sido judicializadas”.

El auditor agregó que, durante el propio proceso de fiscalización, la dependencia presentó tres denuncias penales relacionadas con presuntas obras fantasma y equipo médico desaparecido.

ASF investiga contratos por 8 mil 870 mdp en el INE y OPLEs

El titular de la ASF explicó que la investigación comprende al INE, los organismos electorales locales, empresas proveedoras y personas servidoras públicas relacionadas con las operaciones bajo revisión.

“Hemos iniciado una investigación de oficio respecto de irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral. Esta investigación comprende también a todos los organismos públicos locales electorales, así como las empresas, proveedores y personas servidoras públicas”, informó Aureliano Hernández.

El auditor detalló que, mediante trabajos de inteligencia, identificaron que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026.

De acuerdo con las cifras presentadas, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales y 430 millones al INE.

Hernández describió el presunto modus operandi de las empresas, que incluiría simulación de competencia, subcontrataciones entre compañías de los mismos grupos y el uso de empresas fachada.

“La empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados”, explicó. También señaló que detectaron empresas que facturaban cientos de millones de pesos, pero tenían menos de cinco trabajadores o incluso ninguno.

La investigación busca determinar las posibles responsabilidades de las empresas y personas servidoras públicas involucradas. Hasta el momento, la información presentada corresponde a irregularidades bajo investigación y no a responsabilidades administrativas o penales ya determinadas.

ASF también investiga fallida plataforma de admisión de la UNAM

En otro de los casos expuestos, Hernández informó sobre los avances de la investigación relacionada con la plataforma utilizada para el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo funcionamiento presentó fallas.

Adelantó que se buscará actuar penalmente contra las autoridades universitarias y las empresas particulares que resulten responsables.

Como parte de las diligencias, la ASF consiguió el aseguramiento precautorio de repositorios de información y servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, con el propósito de conservar pruebas para la investigación.

“Por primera vez en la historia de la Auditoría Superior de la Federación logramos el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, mediante un mecanismo jurídico innovador con el fin de conservar las pruebas fundamentales para nuestra investigación”, explicó.

El informe también dio cuenta de redes de triangulación de recursos hacia familiares de personas servidoras públicas en Nuevo León y Sinaloa.

Finalmente, el auditor superior llamó al Poder Legislativo a impulsar una reforma constitucional que permita a la ASF imponer sanciones de manera directa y recuperar con mayor rapidez los recursos públicos, además de combatir los esquemas de simulación y el coyotaje.

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