Una jueza de Nueva York frena la colaboración de sheriffs locales con ICE
Jueza niega a 15 sheriffs de NY frenar la ley que limita su apoyo a ICE
Una jueza federal mantuvo vigente la ley de Nueva York que prohíbe a sheriffs y policías locales firmar acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para hacer tareas de control migratorio, al rechazar la petición de 15 sheriffs que buscaban suspenderla mientras avanza su demanda, según reportó 13WHAM.
Con esa decisión, la prohibición de los acuerdos conocidos como 287(g) sigue aplicándose en todo el estado, así que ningún sheriff, policía o cárcel local puede actuar en nombre de ICE en casos migratorios civiles. Para las comunidades inmigrantes, eso significa que el policía que las detiene por una falta de tránsito o las atiende en una emergencia no tiene facultades migratorias delegadas por la agencia federal.
La jueza, sin embargo, no resolvió si la ley es constitucional, por lo que el juicio de los sheriffs continúa. Además, a finales de noviembre vence otro plazo de la misma ley, esta vez sobre los contratos para alojar a detenidos de inmigración en las cárceles de condado.
¿Por qué la jueza rechazó frenar la ley como pedían los sheriffs?
La resolución la firmó el 4 de noviembre de 2026 la jueza Mae A. D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, con sede en Albany, y en ella negó la orden preliminar con la que los sheriffs querían congelar la ley mientras se resuelve el fondo del caso. Una orden preliminar es una medida temporal que suspende una norma antes de que exista una sentencia definitiva.
El rechazo no se basó en el contenido de la ley, sino en una regla de Nueva York según la cual los gobiernos locales y sus funcionarios, en general, no pueden impugnar una ley estatal por razones constitucionales, salvo en algunas excepciones limitadas. La jueza concluyó que los sheriffs no demostraron que su caso entrara en esas excepciones, de acuerdo con CBS6.
Por eso, en su resolución escribió que los sheriffs “no han establecido la probabilidad de que tengan capacidad para demandar” al estado por las supuestas violaciones constitucionales. Esa conclusión deja la ley en pie, aunque la propia decisión no desecha la demanda ni define todavía si la norma respeta la Constitución.
No era la primera vez que la ley sobrevivía a un intento de frenarla, pues en agosto una corte federal ya había negado una petición similar del Departamento de Justicia de EE. UU., lo que permitió que la prohibición entrara en vigor el 25 de agosto de 2026, según la gobernación de Nueva York.
¿Qué prohíbe la ley Local Cops, Local Crimes?
Los acuerdos 287(g) permiten que agentes de policías estatales o locales realicen ciertas tareas federales de control migratorio civil, de acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York. Mientras ICE suma acuerdos 287(g) con policías locales en decenas de estados, Nueva York tomó el camino contrario con la ley Local Cops, Local Crimes (“policías locales, delitos locales”), que la gobernadora Kathy Hochul firmó en mayo de 2026 como parte del presupuesto estatal.
De acuerdo con el comunicado oficial en español sobre el paquete de leyes migratorias, la ley prohíbe tres cosas a las autoridades locales:
- Que gobiernos locales, policías estatales y locales, y servicios penitenciarios firmen acuerdos 287(g) o arreglos similares para usar su personal e instalaciones en el control civil de la inmigración
- Que los gobiernos locales paguen o contribuyan a los costos de un centro de detención de inmigrantes
- Que cambien la zonificación para permitir centros de detención de inmigrantes sin participación pública
¿Qué sucedió con los acuerdos 287 (g)?
Los acuerdos 287(g) que ya existían quedaron sin efecto el 25 de agosto de 2026. Antes de 2025, solo uno de los 62 condados del estado tenía un acuerdo de este tipo, y para cuando la ley empezó a aplicarse, las 12 agencias que tenían convenios con ICE ya habían recibido cartas de la fiscalía para terminarlos.
Además de los acuerdos con policías, la ley alcanza a las cárceles, pues los contratos para alojar en cárceles de condado a personas detenidas por faltas migratorias civiles quedan anulados el 25 de noviembre de 2026, según la demanda de los sheriffs, que ubica ese plazo tres meses después de que la ley entró en vigor. Esa restricción ya llevó a ICE a planear un espacio temporal para mujeres detenidas en su centro de Batavia.
Para vigilar que la ley se cumpla, la propia norma creó, dentro de la fiscalía estatal, la Oficina de Confianza del Inmigrante, que puede investigar posibles violaciones y presentar demandas civiles. Aun así, Hochul aclaró que la policía local ayudará a ICE solo si se cometió un delito real, mientras que en los asuntos migratorios civiles la agencia federal actúa por su cuenta, según la transcripción oficial de su conferencia del 25 de agosto.
¿Qué condados demandaron y qué sigue en el juicio?
La demanda que presentaron los sheriffs la encabeza Kyle Bourgault, sheriff del condado de Rensselaer, y llegó a la corte el 25 de agosto, el mismo día en que la prohibición entró en vigor. En ella, los sheriffs alegaron que la ley rompe contratos que ya habían firmado con el gobierno federal e invade la autoridad que tienen como funcionarios electos de forma independiente, además de chocar con la ley federal de inmigración.
Los 15 sheriffs que firmaron la demanda representan a estos condados:
- Rensselaer, con Kyle Bourgault
- St. Lawrence, con Patrick Engle
- Wayne, con Robert Milby
- Broome, con Frederick Akshar
- Madison, con Todd Hood
- Cattaraugus, con Eric Butler
- Orange, con Paul Arteta
- Jefferson, con Peter Barnett
- Saratoga, con Jeffrey Brown
- Lewis, con Michael Carpinelli
- Franklin, con Jay Cook
- Delaware, con Craig DuMond
- Fulton, con Richard Giardino
- Oswego, con Don Hilton
- Cayuga, con Brian Schenck
La decisión de la jueza no cierra ese juicio, que sigue su curso en la misma corte federal. En paralelo, la fiscal general Letitia James y la gobernadora demandaron el 27 de agosto, ante una corte estatal, a la oficina del sheriff de Rensselaer, que mantenía un acuerdo 287(g) con ICE desde marzo de 2020 y era la única de las 12 agencias que no había indicado su intención de terminarlo. Con esa demanda, el estado pidió a la corte ordenar que la oficina active la cláusula de terminación del acuerdo y declararlo nulo.
Tras la resolución de la jueza federal, James celebró el fallo en un mensaje en X, en el que sostuvo que la policía local debe concentrarse en mantener seguros a los neoyorquinos y adelantó que el estado seguirá defendiendo sus leyes en los tribunales.
¿Qué significa para los inmigrantes de Nueva York en su trato con la policía local?
Mientras la ley siga vigente, los sheriffs y policías locales de Nueva York no pueden actuar como agentes de inmigración en casos civiles, ni usar personal, cárceles o recursos locales para ese fin. En la práctica, una persona inmigrante que tiene contacto con la policía local por una denuncia, un accidente o una falta menor no queda frente a un agente con facultades migratorias delegadas por ICE.
La ley, sin embargo, no impide que ICE realice sus propios operativos en el estado con agentes federales, y la cooperación de la policía local sigue abierta cuando se trata de un delito, como explicó la gobernadora. Por otro lado, las cárceles locales no pueden retener a una persona solo porque ICE lo pidió, a menos que exista una orden firmada por un juez.
Quien detecte que una policía o una cárcel local sigue colaborando con ICE en asuntos migratorios civiles puede reportarlo a la línea de la Fiscalía General de Nueva York, en el 1-800-771-7755, o a través de su portal para denunciar acciones federales. Ese seguimiento pesará más en las próximas semanas, porque el 25 de noviembre vence el plazo para que las cárceles de condado dejen de alojar a detenidos de inmigración.
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